La visión de la Ley de Dignidad sobre la seguridad fronteriza y el estatuto jurídico
18 de julio de 2023
La inmigración emerge como una cuestión polémica que exige una solución productiva y no partidista. En vísperas de las elecciones de 2024, se plantea una cuestión importante: ¿Estaremos preparados para abordar la próxima crisis en la frontera?
La diputada María Elvira Salazar y César Grajales, director de asuntos públicos de The LIBRE Initiative, defienden laLey de Dignidad en un reciente artículo de opinión, "América merece una solución migratoria: la Ley de Dignidad".
La Ley de Dignidad es un esfuerzo bipartidista que pretende abordar la seguridad fronteriza, revisar el sistema de asilo, agilizar la inmigración basada en el empleo y ofrecer a los inmigrantes no autorizados la oportunidad de enderezar su situación ante la ley.
Ambos hablan de dos importantes programas que el proyecto de ley incluye y que también benefician a los contribuyentes.
Un "Programa de Dignidad" de siete años exigiría a los solicitantes pagar una cuota de 5.000 dólares y registrarse en el Departamento de Seguridad Nacional cada dos años. Los solicitantes quedarían excluidos si cometieran un delito grave o dos delitos menores y tendrían que asistir a la escuela o tener un trabajo durante cuatro de los siete años. Si superan con éxito el programa, podrán renovar su estatus cada cinco años.
Toda persona que pueda acogerse a un programa de legalización y no lo solicite debe abandonar el país.
Los que completen el Programa Dignidad pueden entrar en un "Programa de Redención" de cinco años, obteniendo un estatus legal permanente si aprenden inglés y educación cívica y pagan una cuota de 5.000 dólares o completan 200 horas de servicio comunitario.
Todo ello sin coste alguno para los contribuyentes estadounidenses. Los programas se pagarían con un impuesto del 1,5% sobre las personas a las que se conceda autorización de trabajo en el marco del Programa Dignidad. Los beneficiarios pagarán lo suyo.
El programa de rescate no se pondrá en marcha hasta que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno pueda confirmar que el 90% de las personas que cruzan la frontera son identificadas y capturadas en el plazo de un año. Ahora mismo, ese porcentaje es del 74%.
Salazar y Grajales cierran con esto:
Necesitamos soluciones innovadoras para abordar la próxima crisis fronteriza antes de que la crisis se nos eche encima. Lo haremos reforzando la seguridad fronteriza, mejorando el sistema de inmigración legal y dando seguridad a quienes han vivido su vida en nuestro país.
