Artículo de opinión: Rhode Island puede ampliar el acceso a la asistencia sanitaria aprobando los proyectos de ley H. 7143 y S. 2865

Por la senadora Jessica de la Cruz y Juan Martínez

Dado que las familias de Rhode Island se enfrentan a unos costes sanitarios inasequibles y a un acceso limitado a una atención oportuna, los legisladores estatales tienen una clara oportunidad de promulgar una reforma significativa que dé prioridad a los pacientes.

La verdad es que nuestro sistema sanitario se ve lastrado por una normativa obsoleta que restringe la oferta de asistencia sanitaria, frena la innovación y limita las opciones de los pacientes.

En el centro de esta cuestión se encuentran las leyes estatales sobre el «Certificado de Necesidad» (CON). Las leyes CON son disposiciones que obligan a los proveedores de asistencia sanitaria a obtener la autorización del gobierno antes de abrir nuevos centros, ampliar sus servicios o adquirir equipos médicos de gran envergadura.

En un principio, estas leyes tenían por objeto controlar los costes y coordinar la atención sanitaria, pero, lamentablemente, en la práctica se han convertido en obstáculos que frenan el progreso y protegen a los proveedores existentes de la competencia. Cuando quedó claro que no estaban logrando su objetivo inicial de reducir los costes sanitarios, el Gobierno federal derogó rápidamente el mandato original. Desde la década de 1980, ocho administraciones presidenciales han pedido la derogación de las leyes CON.

Hoy en día, los proveedores deben demostrar a las autoridades reguladoras que un servicio propuesto es realmente «necesario» antes de seguir adelante. Este proceso puede prolongarse durante meses, o incluso años, y requiere una gran cantidad de trámites burocráticos, recursos jurídicos y revisiones normativas. A menudo, los proveedores ya establecidos pueden impugnar las nuevas propuestas, lo que provoca retrasos adicionales y desalienta la inversión. En lugar de fomentar el crecimiento, el sistema lo mantiene artificialmente limitado.

Son los pacientes quienes más sufren las consecuencias. Cuando los proveedores se enfrentan a obstáculos para ampliar sus servicios o acceder al mercado, las opciones se reducen. Las familias se enfrentan a tiempos de espera más largos, un acceso más limitado a la atención especializada y unos costes más elevados. Para las familias trabajadoras, especialmente las de comunidades desatendidas o rurales, estos obstáculos pueden suponer la diferencia entre recibir atención médica a tiempo o quedarse sin ella. Los pacientes de edad avanzada o aquellos con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables, ya que a menudo se ven obligados a recorrer largas distancias o a posponer tratamientos necesarios.

Publicado originalmente en Center Square Rhode Island