Acabar con el fraude y respetar a los contribuyentes: Ley de Prevención del Fraude en Medicare y Medicaid

Por Isabel Soto, Directora Política de la Iniciativa LIBRE

Lo ideal sería que nuestro gobierno funcionara de tal modo que los programas de los que es responsable funcionaran con eficacia y eficiencia y atendieran a las necesidades y al dinero de los contribuyentes. Desgraciadamente, gran parte de la asistencia sanitaria gestionada por nuestro gobierno está plagada de ineficiencias. Medicare y Medicaid, por ejemplo, están pensados para ayudar a los ancianos y a las personas con bajos ingresos, pero sin una revisión adecuada que garantice que las prestaciones llegan a las manos adecuadas, el fraude y los pagos indebidos pueden convertirse rápidamente en un grave problema.

La Ley de Prevención del Fraude a Medicare y Medicaid, presentada por el representante Gabe Evans (CO-08) y el representante Scott Peters (CA-50) aporta una solución de sentido común al gravísimo problema de los pagos indebidos que amenazan la salud fiscal de estos importantes programas. Este proyecto de ley exigiría un control adicional para garantizar que los pagos se destinan únicamente a beneficiarios elegibles y, en este caso, vivos.

Independientemente de las opiniones sobre la eficacia y el gasto adecuado de los programas gubernamentales, hay acuerdo en que los beneficios deben ir a los beneficiarios y a nadie más. En la última década, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) sólo realizaron dos auditorías de los programas estatales de Medicaid y descubrieron que la tasa de pagos indebidos superaba el 25%. Esto significa que más de una cuarta parte de los pagos que salieron de Medicaid estatal no fueron a donde debían y podrían haber sido el resultado de un fraude. Esta tasa del 25% supone un total de 1,1 billones de dólares en pagos indebidos durante la última década. Dado que sólo se han realizado 2 auditorías completas, es probable que este 1,1 billón de dólares sea una estimación conservadora y pone de relieve que quizá una parte nada despreciable del dinero de los contribuyentes haya ido a parar a beneficiarios fallecidos y a estafadores que se aprovechan de las lagunas de nuestro sistema sanitario.

No es de extrañar que el gasto de Medicare y Medicaid haya crecido tan rápidamente cuando la evaluación de los pagos o las revisiones de la elegibilidad han sido mínimas. Reducir los pagos indebidos y reintroducir una rendición de cuentas adecuada en dos de los mayores programas de gasto del gobierno garantizaría que el dinero de los contribuyentes se utilice de forma responsable. La lucha contra el fraude no reduce la asistencia, sino que garantiza que Medicaid funcione para quienes lo necesitan.

Medicare y Medicaid son programas destinados a ayudar a las personas que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a la atención sanitaria. Los ancianos y las personas con bajos ingresos de nuestro país ya se enfrentan a un sistema sanitario complejo y anticuado, y el exceso de gasto no sólo pone en peligro el programa, sino que reduce la calidad de la atención.

La Ley de Prevención del Fraude a Medicare y Medicaid, aprobada por unanimidad y en suspenso en el ^118º Congreso, es un texto legislativo crucial que garantiza que Medicaid siga siendo una red de seguridad fuerte y eficaz, en lugar de otro derecho inmanejable. Reformas como ésta no sólo honran a los contribuyentes y sus aportaciones, sino que también protegen un sistema que nos permite gastar de forma más inteligente y lograr una mayor sostenibilidad a corto y largo plazo.